Aquella vez también se anunció que la provincia iniciaría “una estrategia legislativa a nivel nacional” para lograr este objetivo, que se plasmó menos de un año después con la media sanción dada por la Cámara de Senadores a un proyecto que no sólo baja la edad, sino también crea y penaliza nuevos delitos (ver recuadro).
En la misma línea se inscriben toda una batería de medidas y proyectos impulsados en los últimos años en la provincia: la reunificación de los ministerios de Seguridad y Justicia; la Reforma del Estatuto policial y el restablecimiento de una estructura piramidal en la fuerza suprimiendo controles civiles; y las dos embestidas legislativas, en 2009 y 2010, para sancionar un Código Contravencional que se proponía bajar la edad de punibilidad de hecho tomándose la atribución de avanzar sobre las leyes nacionales, y en sus distintas versiones penalizaba figuras tales como “merodeo”, “gritos” o “molestias” con tipos penales abiertos y amplias facultades para que el juez elija y aplique condenas basándose sólo en un acta policial como plena prueba.
A principios de este año, otro crimen con dos adolescentes acusados volvió a ser disparador de las operaciones políticas y mediáticas que cíclicamente se montan sobre el tema, y las manifestaciones del gobernador y su ministro Ricardo Casal fueron consecuentes: “Hay menores violentos que deben ser penados”, afirmó Casal, y recordó que “hace dos años y medio que el gobernador Scioli está bregando porque se dé este debate”.
Poco importa que las propias estadísticas de la Procuración bonaerense muestren que en 2010 el porcentaje de delitos cometidos por adolescentes significó el 4,4% del total, y que de este universo los homicidios dolosos consumados representen el 0,5%. Son 141 casos sobre una población de 15 millones y medio de habitantes, de los cuales solamente 16 responden al delito paradigmático para justificar estas políticas y discursos, que es el homicidio en ocasión de robo.
“Lo peor de esta discusión es la construcción de un enemigo”, afirma Laura Taffetani, integrante de la Mesa Nacional de la CTA, el Movimiento de los Chicos del Pueblo y el Hogar Pelota de Trapo. “Creo que ese es el eje principal, no la cuestión legal ni de la edad. Se está poniendo sobre el tapete, y Scioli cada vez que hace un discurso mediático lo hace, la sinrazón de decir que el mundo de los adultos funciona mal por los pibes”.
En contrapartida, y sin que genere mayor revuelo, otras estadísticas demuestran que “el principal dato de la inseguridad está puesto en el sector social al que se quiere estigmatizar con la baja”, según apuntó en Audiencia Pública del Congreso el ex presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Norberto Liwski. “Las causas externas de mortalidad -definición que no incluye las derivadas del hambre o enfermedades, prevenibles o no- en chicos de 14 a 19 años se han modificado de manera espectacular”, afirma, ya que sumando las originadas en “homicidios, suicidios y ‘causas indeterminadas’, que significa homicidio jurídicamente no concluido, desplazaron a los accidentes domésticos o de tránsito”.
En la provincia, además de casos paradigmáticos como el de Luciano Arruga (cuya desaparición forzada sigue caratulada como “averiguación de paradero” y los ocho policías implicados se mantienen funciones), el grueso de esa estadística lo conforman otros que “todos los días mueren por distintas formas de violencia horizontal en nuestros barrios y asentamientos”, dice Taffetani, “sin que sea problemático para el resto de la sociedad, porque nadie se entera. Es cuando salen de ese lugar y pisan una calle que no debían donde se encienden las alarmas sociales... pero la gran mayoría no salen de los barrios”.
Otros caminos al encierro
"Eso implica una vuelta a la ley del patronato”, afirma Berenger. “El chico ya no tiene defensor sino un asesor de incapaces, se trata como una cuestión civil y no tiene proceso ni defensa. En el hecho quedó claro que no medió el uso de estupefacientes y la internación es una excusa para mantenerlo encerrado”.
En tanto que para la franja de 16 a 18, “la provincia cuenta con ley de procedimiento con arreglo a garantías”, dice el coordinador del Comité contra la Tortura de la comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano, “pero a pesar de eso el 70% de los pibes que está en institutos está en prisión preventiva. Es decir, que el sistema penal juvenil reproduce los peores vicios del sistema penal de adultos, donde los presos con preventiva son el 75% del total”.
El paralelismo no termina ahí: actualmente la provincia cuenta con 12 Centros cerrados que albergan a 480 adolescentes, y desde el Comité realizaron junto al Instituto Gino Germani de la UBA un relevamiento sobre 241 casos, que arrojó los siguientes datos: el 70% fue golpeado al momento de la detención; el 56% fue amenazado de muerte o violación; el 25% reconoció agresiones dentro de los institutos a manos de los celadores; el 93% estuvo en comisaría luego de la detención y de estos el 61% volvió a ser golpeado en la seccional con puños, patadas, rodillazos o palazos; y aunque la ley establece un plazo máximo de detención de 12 horas, el 10% estuvo más de 24, de los cuales el 1 % fue alojado en la misma celda con adultos.
“Fiscales, defensores y jueces conocen esta realidad”, dice Cipriano. “Por lo tanto otorgar mayores facultades policiales sobre personas cada vez mas jóvenes habilita un inaceptable margen de maniobra para la gestión del territorio, la comisión de actos delictivos de menores de edad y armado de causas”.
“La baja de la edad dotaría de mayores herramientas a la policía para que levante a los pibes de manera arbitraria”, coincide Omar Giuliani, integrante del Hogar Ruca Hueney, en General Rodríguez. “Pero también hay que decir que muchos ya están penalizados. El hambre, la falta de vivienda, de educación, de salud, es una forma de penalizar a nuestros pibes”.
Giuliani comparte la idea de que la instalación pública del debate sobre la baja de edad “sirve para generar miedo, inventar enemigos y sobre todo no dar otras discusiones. Porque si se distribuyera la riqueza como corresponde, los padres de nuestros pibes tendrían trabajo y hubiera un sistema de educación y de salud que garantice un derecho pleno a la vida, esto no sucedería”.
Pero también es optimista: "frente a los que plantean la penalización como único camino, las organizaciones sociales que trabajamos junto a los chicos somos un claro ejemplo de que existen otras posibilidades. Nosotros tenemos cooperativas de trabajo, hogar convivencial, escuela primaria y secundaria agrotécnica de adultos, emprendimientos productivos, hogar materno infantil, desarrollo de salud en nuestro territorio...”, enumera. “Aunque sigan diciendo que el camino es penalizar y reprimir, nosotros demostramos todos los días que, educando y construyendo espacios de trabajo, los pibes son la avanzada en la construcción de un mundo nuevo”.
Mezclando los tantos
El ministro de Desarrollo Social bonaerense sugirió que una partida de 100 millones aprobada para fortalecer el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, podría reconducirse al Sistema Penal Juvenil. La costumbre de mezclar políticas sociales y punitivas, y la trampa del discurso de la “prevención”.
Atentos a la necesidad de aggiornar el discurso frente a las críticas suscitadas, el gobernador Scioli y el ministro Casal también se cuidaron este año de hacer hincapié en la importancia de “la prevención” por medio de políticas sociales. Roberto Cipriano señala que “hablar de promover derechos para prevenir delitos” es otra variante mal disimulada del mismo discurso, ya que “los derechos se promueven por sí mismos, por la condición humana y para garantizar su carácter de sujetos”.
Para promover derechos, la provincia cuenta con una herramienta que, de aplicarse plenamente, le permitiría desarrollar políticas sociales universales e inclusivas con el mismo sector que hoy estigmatiza: la ley 13.298 “de la Promoción y Protección integral de los Derechos”, sancionada en 2006 luego de una larga lucha encabezada por el Foro por los Derechos de la Niñez y Juventud, colectivo que la CTA integra junto a decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, colegios profesionales y otras instituciones.
La norma plantea la creación de varios organismos provinciales y un entramado institucional en el territorio conformado por Servicios y Consejos Locales, donde las organizaciones sociales puedan participar en el trazado de las políticas de cada Municipio.
Pero en la práctica, los escasos recursos y voluntad política para implementarla contrastan notablemente con los destinados a penalizar las consecuencias: de 2009 a 2010, el presupuesto global de la provincia subió de 60.395 a 71.189 millones (un 17,8%) y el del Ministerio de Desarrollo Social de 2.246 a 2.934 millones respectivamente, mientras los recursos destinados a la conformación de los Servicios Locales y Zonales, que deberían ser el eje de las políticas para la niñez y juventud, bajaron de 70 a 65 millones.
Para este año se preveían 67 millones (un aumentito del 7% en relación al anterior, pero todavía un 4,4% menos que en 2009), pero a instancias del Observatorio Social Legislativo de la provincia, se impulsó y logró aprobar que otros 100 millones provenientes de un endeudamiento que contraerá la provincia este año, fueran apartados y destinados a este fin.
Sin embargo, el artículo en la Ley de Presupuesto que debe establecer cómo esos fondos llegan a destino aún no fue reglamentado, y todas las alarmas se encendieron cuando el ministro Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera salió a responder críticas sobre desfinanciamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, argumentando que la partida para el área “fue ampliada por la Legislatura en más de 100 millones” en alusión a esos recursos.
“Hay una lógica de mezclar las esferas de lo social y lo penal todo el tiempo”, afirma Javier Frías, abogado integrante de la CTA y el Foro. “La Ley de presupuesto es clara en que esos recursos van para los Servicios Locales, pero desde el mismo día que se promulga la página web del Senado dice que es para el sistema penal”. Desde el periódico “Primer Tiempo”, editado por el Foro, se consigna que “extraoficialmente se dijo que esa suma llegará indirectamente al área penal juvenil”, bajándolos a los Municipios “y de ahí a los servicios locales que destinarán alguna suma para los chicos que escapan de la ley”.
“Ellos plantean que realmente ya están aplicando la política de Promoción de niñez, y entonces ‘nos quedan los pibes chorros’”, entiende Frías. “Pero la política que aplican es el plan Envión, creado por Cacho Álvarez en 2004 siendo intendente en Avellaneda, que ahora extendió a toda la provincia. Es una beca que se da por realizar determinada actividad, mientras la ley establece programas que trabajen con los niños analizando su contexto, la revinculación familiar, una red social articulada con los efectores”.
“Los programas son ineficientes, dispersos”, completa Cipriano. “Con una distribución de recursos discrecional y arbitraria. En el caso del Envión no es público el criterio ni los montos de asignación por Municipio, nadie sabe bien cómo se distribuye”.
Como ejemplo extremo de la superposición entre políticas sociales y penales en la provincia, Cipriano destaca un “experimento” realizado en un Centro de La Matanza, que hoy está siendo co-gestionado por la Subsecretaria de Niñez y el Servicio Penitenciario Bonaerense. El Centro había sido cerrado a poco de inaugurar porque en dos meses se reportó el suicidio de dos pibes. “Reabrió hace poco con 8 jóvenes y ya hubo dos hechos de violencia, uno de ellos con utilización de balas de goma. Paradójicamente”, consigna, “fue el día de los derechos humanos, el 10 de diciembre de 2010”.
“Intentan usar a los chicos como chivos expiatorios”
María José Rollié es la nueva secretaria general de la CTA General Alvarado e integrante de la Fundación de Ayuda Integral a Discapacidad e Infancia (F.A.I.D.I.), una organización “de base territorial que trabaja en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, explica, “en diferentes barrios de Miramar”.
“Nos manifestamos contra la baja de la edad porque hay grupos de poder que intentan usar a los chicos como chivos expiatorios”, argumenta, “mientras nosotros los vemos todos los días expuestos a situaciones de alto riesgo, con sus derechos vulnerados, viviendo en situación de pobreza sin los servicios básicos, con fácil acceso a drogas, armas y siendo utilizados por bandas mafiosas de mayores para la comisión de delitos”.
También observa que “los institutos deberían cumplir una función educativa y brindar formación laboral para los chicos, pero en general están lejos de cumplirlo por falta de personal, infraestructura y capacitación. Y cuando lo logran en cierta medida y son liberados, el Estado desaparece nuevamente, sin dar seguimiento real, ni trabajo integrado con la sociedad en los barrios”.
“Por eso”, concluye, “decimos que ningún pibe nace chorro, y que el Estado debe garantizar trabajo digno a los padres, educación digna a los chicos, y espacios donde puedan aprender artes, oficios, deportes, y tengan sus necesidades básicas satisfechas”.
Artículo publicado en el Periódico de la CTA N° 74, correspondiente al mes de marzo de 2011
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